Corrupción e Imprescriptibilidad de los delitos

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El proyecto de imprescriptibilidad de delitos de corrupción propuesto por un joven estudiante de derecho, ha tenido amplia acogida en el imaginario de muchos ciudadanos.

El mío no pretende ser un estudio profundo del tema, para tales fines recomiendo leer este completo artículo de Juan Williams, La posible inconstitucionalidad de la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública.

La seguridad jurídica, misma que no solo protege a los miembros de la sociedad, sino que actúa como freno contra los posibles abusos de poder, nos permite mantener claras las reglas bajo las cuales se llevan a cabo los procesos judiciales, los límites del ejercicio del ius puniendi y la salvaguarda los derechos fundamentales.

“en cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetarse el debido proceso legal”

– CIDH 1

Adicionalmente debemos tener en cuenta el artículo 32 de la constitución de la república, el 1994 del Código Judicial vigente y los principios que rigen el nuevo procedimiento penal acusatorio de corte garantista. Todas estas normas buscan asegurar un equilibrio entre el sujeto que se ve empujado al sistema de enjuiciamiento estatal y dicho interés no es casual como podremos observar más adelante.

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No resulta razonable extender ad infinitum los plazos de investigación en una sociedad compuesta de individuos temporales que pueden verse obligados a huir o esconderse el resto de su vida, esto no es dable en una sociedad de sujetos finitos, ni permisible en estados de derecho cuyas capacidades poseen límites razonables.

“De esta forma queda claro que no puede avalarse dentro de un estado de derecho un poder público ilimitado. Se debe reprobar entonces una aparente limitación que desdibuje un límite concreto como el que constituye la prescripción de la acción penal, puesto que un sistema represivo debe constituir un poder contenido por los derechos fundamentales de todos los ciudadanos por igual.

Al respecto la Corte Interamericana de derechos Humanos tiene dicho que “En la protección de los derechos humanos está necesariamente comprendida la restricción del ejercicio del poder estatal“.

CIDH 2; de lo cual se desprende que el poder no puede lícitamente ejercerse de cualquier manera.

Por su parte la Corte Suprema de Justicia 3 manifiesta que:

“A nuestro entender, la potestad represiva del Estado tiene un límite temporal y, sobre esa acción punitiva, indudablemente hay un interés jurídico que ampara al imputado y se traduce en el respeto a su derecho de defensa, así como, el asegurar que el proceso se desarrolle dentro de un plazo razonable, con todas las garantías.”

“al ser de interés público que la represión punitiva del estatal ocurra dentro del plazo legal previsto en el procedimiento penal y no se extienda en detrimento de derechos fundamentales.”

“los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos, ni al calculo de intereses sociales.” –

Consideramos importante reformar el proyecto para que cumpla con el respeto a los derechos humanos del investigado, se adecue mejor al ordenamiento legal panameño y a la realidad humana. Existen otros medios igualmente eficaces y menos disruptivos del orden constitucional que deben ser considerados antes de adoptar una medida tan extremista que más que buscar justicia, parece un movimiento populista.

Referencias

  1. Ivcher Bronstein, Sentencia de 2 de febrero de 2001
  2. Opinión consultiva 6/86
  3. Casación de 16 de febrero de 2016, Weeden vs Torrijos.
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